El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó este lunes la orden de declaración de Vitoria como zona de mercado residencial tensionado por parte del Gobierno Vasco. Es un paso previo, a la espera de la entrada en vigor de forma oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para finales de octubre.
“Gracias a esta medida va a ser posible aplicar una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible”, explica la alcaldesa, Maider Etxebarria.
Por su parte, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, entiende que “hemos hecho de la figura de la zona tensionada un instrumento útil al servicio de las mejores políticas de vivienda”.
Afecta al 97,92% de la población, incluidas las entidades de Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardelegi
El objetivo es salir del tensionamiento, pero eso solamente se consigue construyendo más vivienda protegida en alquiler y equilibrando la oferta con la demanda. Mientras tanto, “es nuestra obligación proteger a las personas inquilinas, sometidas hoy a una auténtica ley inmobiliaria de la selva”, señala.
Con la incorporación de Vitoria, se alcanza la cifra del 47,7% de la población de Euskadi residente en alguna zona tensionada en materia de vivienda. Este porcentaje superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa y Hernani, cuyos trámites están en curso.
Vivienda del Gobierno Vasco trabaja ya en la organización de un acto conjunto con las tres capitales vascas, que contará con la presencia de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, para oficializar y actualizar la lista de los últimos municipios vascos declarados tensionados.
Un plan de cinco ejes
La calificación de Vitoria como zona tensionada permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda estructurado en cinco ejes:
En primer lugar, la construcción de vivienda protegida. En total, se impulsarán 3.012 nuevos pisos, de los cuales el 53% serán de alquiler protegido. Entre ellos se incluyen 950 de iniciativa pública que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. Habrá otras 1.383 viviendas que surgirán de promociones sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada, y 679 casas en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco en febrero del año pasado.
Solo falta aplicar un tope del alquiler a los pisos de grandes tenedores, los que se alquilan por primera vez y sin arrendar los últimos 5 años
En segundo lugar, limitación de precios del alquiler. La declaración afectará al 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores (Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardelegi), y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda.
En este sentido, cabe recordar que las medidas para proteger a las personas inquilinas y, en concreto, la limitación del precio de los alquileres en los municipios declarados tensionados es ya plenamente efectiva en el 90% de los contratos.
Solo los inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o los que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años, que representan el 10%, dependen del índice para que se les aplique la totalidad de las medidas previstas por la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda. En el 90% de los casos, los precios están ya limitados y no se podrán subir más de lo que marque el índice anual IRAV, que ya está en vigor y fija incrementos por debajo del IPC.
Otro de los ejes de actuación es la rehabilitación. Así, se mantendrán y reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad de viviendas y edificios residenciales.
Un claro ejemplo de ello es el proyecto de regeneración urbana que se está llevando a cabo en Zaramaga. La operación, en la que participan 322 viviendas de 22 portales, supone una inversión de 31,5 millones de euros entre fondos autonómicos y municipales, a los que hay que sumar la aportación prevista por los vecinos, cercana a los 2,9 millones.
Este plan de choque en materia de vivienda incluye actuaciones en Vitoria en materia de fiscalidad. El Ayuntamiento ya aplica un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas deshabitadas, una medida que puede complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque de pisos vacíos hacia el alquiler.
Está previsto también mantener las bonificaciones en el impuesto de construcciones (ICIO) recogidas en las ordenanzas fiscales para construcción de VPO, rehabilitación energética en viviendas o eliminación de barreras arquitectónicas. En el convenio rubricado entre ambas instituciones en febrero de 2024, la bonificación en la cuota se situó en el 95%.
El quinto eje del plan hace referencia a la transformación de espacios. De esta manera, se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables. Defiende el Gobierno Vasco que con este plan reafirma su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y adecuada.
